Tiene límites primer empleo (Reforma 26/10/10)
Fiscalistas explicaron que a pesar de ser una medida positiva tiene limitantes evidentes. Foto: Archivo
Consideran analistas que hay desventaja para los que perdieron su trabajo por la crisis Laura Carrillo Ciudad de México (26 octubre 2010).- El programa de fomento al primer empleo, aprobado por los diputados, deja en desventaja a quienes perdieron su trabajo durante la crisis y podría generar desconfianza si se convierte en un instrumento de fiscalización, señalaron especialistas. Además, advirtieron que sólo conviene a las empresas que contraten un número considerable de asalariados. La iniciativa de fomento al empleo, presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue aprobada por los diputados como el título VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y espera el visto bueno de los senadores. Las empresas que quieran entrar deberán demostrar que están creando un nuevo puesto, contratar a personas que nunca hayan cotizado en el Seguro Social y no tener ningún crédito en firme (adeudo) con Hacienda y con el IMSS. A cambio de eso, podrán deducir durante 36 meses una parte del sueldo del nuevo trabajador, el cual no deberá ganar más de 8 salarios mínimos, esto es 446 pesos en promedio diarios, aunque esto puede variar según la zona geográfica. El costo aproximado para el Gobierno federal de estos estímulos fiscales será de 7 mil 630 millones de pesos en 2011. En general es una medida positiva porque el empresariado requiere incentivos fiscales, pero tiene limitantes evidentes, expresaron fiscalistas. "Deja en desventaja a las personas que perdieron su empleo durante la crisis, porque sólo se podrá deducir el sueldo de trabajadores que no han cotizado de forma eventual y permanente en el IMSS", opinó Jesús Alvarado, socio de práctica fiscal de Baker & McKenzie. También estimó que el programa dará beneficios fiscales en la medida que se contrate un número considerable de nuevos puestos, porque con uno o dos, la ganancia es muy limitada. Rosario Lombera, socia de práctica laboral de Baker & McKenzie, agregó que si una empresa, por descuido o por un requerimiento equivocado o tardío del SAT, no sabe que tiene una omisión, podría enterarse hasta que intente entrar al programa. Lo ideal, señaló, sería que las empresas pudieran pedir una constancia de no adeudos con el SAT y con el IMSS antes de solicitar el beneficio fiscal. En ese sentido, Alvarado agregó que se debe cuidar en el reglamento que se elaborará para operar el programa no incluir elementos fiscalizadores como ya pasó en el programa de primer empleo de 2007. Aseveró que un incentivo fiscal contribuye poco a reducir el desempleo y la informalidad si no se acompaña de cambios en la Ley Federal del Trabajo y en otros campos del quehacer público.
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