Del desarrollo estabilizador al desorden fiscal (El Financiero 20/10/11) (Marcela Ojeda Castilla) Jueves, 20 de octubre de 2011 México a partir de 1981 no se explicaría sin la etapa del desarrollo estabilizador de 1950 a 1970, en que la inflación estaba sin control y para intentar crecer más de 8 por ciento anual, el sector público incurrió en grandes déficit que fueron financiados con deuda externa y con emisión monetaria. El régimen de tipo de cambio fijo sobrevaluó nuestra moneda y desequilibró la balanza de pagos, hasta que la situación fue insostenible y tras más de dos décadas de mantener la paridad en 12.50 pesos por dólar, en septiembre de 1976 estalló una crisis con la que el peso se devaluó más de 60 por ciento. Los precios internacionales del petróleo se dispararon y el gobierno se refugió en la exportación de crudo para financiar gasto y sustitución de importaciones, pero los ingresos petroleros no alcanzaron para cubrir el creciente gasto corriente y de inversión, por lo que se incurrió en más endeudamiento externo. Así llegamos a 1981, dentro de la década perdida, bajo uno de los peores escenarios en nuestra historia: el derrumbe en los precios del petróleo y un régimen cambiario semifijo, que en 1982 generaron una fuerte crisis de balanza de pagos, así como una especie de karma en materia de crecimiento. De hecho, entre 1981 y 1985 el crecimiento promedio anual del PIB en México fue de menos 3.70 por ciento; de 1986 a 1990, 3.87; de 1991 a 1995, 3.35; de 1996 a 2000, 3.79, y de 2001 a 2010, 1.53 por ciento. Crisis de deuda La caída en los precios del petróleo y las altas tasas de interés internacionales impactaron en el pago de intereses y en la amortización de la deuda externa, hasta que en agosto de 1982 México anunció que no estaba en condiciones de pagar los intereses y el principal de su deuda externa dada su insolvencia. La moratoria se evitó con el apoyo del gobierno estadounidense que, sin embargo, estableció costos financieros exagerados a la administración del entonces presidente José López Portillo. Con los bancos acreedores se convino, a finales de agosto de 1982, un diferimiento de los pagos de capital por tres meses de la deuda que vencía en los siguientes 90 días. Dada la buena disposición de los bancos, la siguiente etapa consistió en una reestructuración de la deuda, recuerda José Ángel Gurría en el libro La política de la deuda externa. El 1 de septiembre de ese año se decretó la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios, medidas que causaron un gran impacto entre la comunidad financiera nacional e internacional. Falta de crecimiento También hubo fuertes devaluaciones que desataron más inflación -con tasas anuales promedio de 74.08 por ciento entre 1981 y 1985; de 63.07 entre 1986 y 1990; de 20.32 entre 1991 y 1995, y de 13.80 entre 1996 y 2000, hasta promediar 4.49 por ciento entre 2001 y 2010-, pero también una importante depreciación del tipo de cambio real. Gracias a ello se saneó parte de las cuentas externas, pero como los recursos se utilizaron básicamente para pagar deuda, no se tradujeron en crecimiento económico, lo que a la postre obligó a los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo a efectuar reformas estructurales. Se privatizaron muchas empresas públicas, incluida la banca. En 1985 México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -hoy OMC-, y en 1994 firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; inició la desregulación administrativa, y se introdujo una reforma fiscal buscando reducir la tasa del Impuesto sobre la Renta y elevar la base tributaria. En octubre de 1987 una crisis financiera revirtió la recuperación de la economía. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó, y junto con la creciente inflación se originó una gran incertidumbre que a su vez, en tan sólo un mes, dio lugar a una salida de capitales, a otra devaluación y a una hiperinflación. A 30 años de distancia, el gran problema de México sigue siendo su falta de crecimiento, sin poder ir más allá de 3.5 por ciento anual -incluso hay quienes afirman que ni 2.5 por ciento-, debido a la falta de inversión, que cayó de 25 por ciento del PIB a principios de los ochenta a 20 por ciento. Se requiere elevar el ahorro interno, dado que el problema de crecimiento económico es tanto de oferta (ahorro) como de demanda (inversión), aunque esto también pasa por la aprobación de reformas que permitan mayor inversión privada, y porque el sector público reasigne gasto corriente a inversión. Se estima que por cada punto del PIB en que se incremente la inversión pública, el propio PIB lograría crecer más de 0.5 puntos porcentuales.
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