El mito de las reformas estructurales (El Financiero 12/03/10) Carlos Alberto Martínez Viernes, 12 de marzo de 2010 En días recientes se ha incrementado de manera sustancial el debate sobre la imperiosa necesidad que diversos sectores sienten porque se aprueben las famosas reformas estructurales. Como si tener leyes nuevas o modificar las que se tienen fuera el motor del desarrollo de un país. Nada más alejado de la realidad. Las leyes per se no garantizan en absoluto algún nivel de desarrollo. Si las leyes no se cumplen o el Estado no tiene la capacidad de hacerlas valer, de nada sirven para el supuesto propósito para el que fueron diseñadas. El país se ha desgastado demasiado desde 2000, en el falso debate de las reformas como la vía que nos hará un país de Primer Mundo. Es cierto que buena parte de nuestro andamiaje legal no se ha actualizado para ajustarse a las realidades económicas que hoy en día imperan. Así, por ejemplo, nuestras leyes laborales son sumamente rígidas, lo que impide que el mercado laboral tenga la flexibilidad que se requiere para alinearse de una mejor manera a los ciclos económicos que ocurren de forma natural. Sin embargo, nuestro país tiene una larga historia de modificaciones legales, que han obedecido a una múltiple aplicación de modelos económicos, y ello no ha sido garantía de crecimiento. El mediocre crecimiento de 2.5 por ciento que hemos promediado en los últimos 27 años lo demuestra. Igualmente, para qué se tiene una ley antimonopolios cuando la nación presenta los niveles más altos de prácticas monopólicas y oligopólicas de la OCDE en los sectores más estratégicos de una economía, como energéticos -en donde el gobierno ejerce el monopolio por cierto-, financieros y telecomunicaciones. También, hablando de telecomunicaciones, se tiene todo un andamiaje legal e institucional que al final termina por no aplicarse. En esta administración llevamos dos reformas fiscales, que lo único que han hecho es complicar más el tema tributario, han traído nuevos impuestos y muchos de sus aspectos aún no han sido reconocidos legalmente, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por nuestro principal socio comercial de EU. En esta administración se aprobó la reforma energética, que sólo demostró el interés cortoplacista de ver cómo seguimos drenando el petróleo al mismo, mucho de esta reforma aún no consigue llevarse a la práctica y, lo más importante, dejó de lado temas como la luz eléctrica, fuentes alternas de energía y cómo podría garantizarse que el país sería autosuficiente en la materia por los próximos 25 años. Es correcto que la sociedad civil le exija al Congreso de la Unión que haga su trabajo. Es una práctica incluso rentable cuando los diputados y senadores no gozan de los mejores niveles de popularidad. Pero la sociedad civil debe entender que la responsabilidad del desarrollo no sólo está en el parlamento, el gobierno de la República es corresponsable. Según las estadísticas, este gobierno ha sido apoyado prácticamente en todas sus iniciativas hasta llegar a lo aberrante de haber subido impuestos en plena recesión económica. Hay que dejar de hacerse víctimas y encontrar responsables de cada cosa. El Congreso de la Unión no nada más está para hacer leyes, sirve para ser un contrapeso del gobierno y para vigilar y preguntarle por qué no ejerce el gasto que le exige a los ciudadanos y que le fue aprobado. Por su parte, el gobierno debe enviar las iniciativas que considere pertinentes y justificarlas en cada coma. Empero, puede hacer mucho más por el crecimiento y la competitividad del país sin necesariamente pasar por el falso debate que con nuevas leyes el país podrá crecer. ¿Por qué romper los monopolios que hay en el país? ¿Por qué no hacer las obras de infraestructura que el país requiere para mejorar la logística indispensable para ser más competitivos? ¿Por qué no impulsar mayor gasto y apoyo en seguridad pública, que no es lo mismo que combatir el narcotráfico, y procuración de justicia para hacer del país un lugar más seguro para invertir? ¿Por qué no suprimir los miles de trámites que año con año el gobierno exige a sus ciudadanos, lo que ahoga a la planta productiva en un agitado mar de corrupción y tramitología? ¿Por qué no hacer un esfuerzo de conciencia profunda para suprimir los miles de millones de pesos en gastos que las secretarías duplican y triplican sin que nadie responda por ello? La sociedad civil es la que manda. Tiene el derecho y el deber de exigir a sus políticos que respondan, por lo que se les paga, pero no debemos equivocar la visión. Sería un error distraer toda la energía de la sociedad y sus representantes gremiales con la falsa idea de que con nuevas leyes el país crecerá más, máxime si sabes de antemano que muchas de ellas no se cumplirán. Es evidente que el país puede crecer mucho más sin necesariamente caer en el tema de las famosas reformas. Todavía hay mucha tela de dónde cortar en otros rubros. Investigador. Profesor del Tec de Monterrey y la Universidad Iberoamericana
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida de \"spam bots\", necesita habilitar Javascript para poder verla.
|