Crimen organizado y sus efectos financieros / I (El Financiero 04/08/10) Emilio Sánchez Santiago Miércoles, 4 de agosto de 2010 La escalada de violencia y terrorismo de los diversos cárteles del crimen organizado constituye un ataque contra el Estado mexicano y contra su principal órgano Ejecutivo: el gobierno federal. Los narcotraficantes desafían al Estado mexicano, disputándole e intentando negarle: (a) la soberanía interior; (b) el monopolio del empleo de la fuerza armada, que corresponde al Estado; (c) el control territorial y el libre tránsito en la República; (d) el control sobre el ingreso (al país) y el egreso de mercancía y personas; (d) el acatamiento a las leyes emanadas de las instituciones del Estado, y (e) el pago de impuestos, tributos y cargas fiscales. Es evidente que los cárteles en cuestión cuentan con los medios necesarios para desafiar al Estado mexicano. Los ataques sufridos por el ejército, las policías, los empresarios y los propios miembros de los diversos cárteles, denotan una innegable capacidad de adquisición, posesión, acopio y uso ilegal de armas, municiones, pertrechos, inmuebles, bases de entrenamiento, equipos de telecomunicaciones y equipos de transporte (aéreo, marítimo y terrestre). A esto hay que agregar indicios de una creciente capacidad para adquirir inteligencia (en el sentido militar del término), y para movilizar recursos financieros a través de una enorme "economía subterránea" y una red internacional de contactos. Tres visiones Para una parte de la opinión pública en México, estos ataques se califican como actos motivados por intereses primordialmente económicos. Para ellos, la solución al problema es de carácter policiaco. Otro segmento de la opinión pública piensa que a lo anterior se une un componente terrorista y una estrategia de penetración de la clase política. Para este segundo segmento, la solución rebasa el ámbito policíaco, e incluye el uso de la fuerza que sólo el ejército puede tener. Finalmente, hay otro segmento de la opinión pública que cree que es posible combatir y vencer a los cárteles a base de mejores políticas sociales, políticas de empleo y políticas de distribución del ingreso. Para este segmento, la solución no incluye el despliegue de las fuerzas armadas. Independientemente de las interpretaciones por parte de la opinión pública respecto a los ataques de los cárteles y a la respuesta del Estado, lo que es un hecho consumado es el impacto adverso que esa ola de violencia ha causado sobre el valor de las empresas e instrumentos bursátiles emitidos en la República Mexicana. El mecanismo transmisor de este impacto es la teoría del riesgo financiero*. De acuerdo con esta teoría, el riesgo se compone de dos factores: (a) la tasa libre de riesgo, más (b) el premio por riesgo específico. El enfoque tradicional de esta teoría señala que el premio por riesgo se compone a su vez de tres elementos: (1) riesgo operativo, (2) riesgo financiero y (3) riesgo por liquidez. La inseguridad en la que actualmente vive el país, provocada por el crimen organizado, ha impactado adversamente a cada uno de los tres elementos que determinan el premio de riesgo: a) Riesgo operativo: está creciendo el peligro y el costo de los procesos operativos de las empresas, tales como el simple transporte de mercancías en la República Mexicana, e intimidando y extorsionando a empresas y comercios a quienes ocasionalmente se les pide un "derecho de piso". b) Riesgo financiero: está induciendo a accionistas a aumentar el endeudamiento de sus empresas y a reducir su monto de capital expuesto, con lo cual sube el "apalancamiento" financiero. c) Riesgo de liquidez: en la medida en que se está afectando la percepción de "riesgo país", se está reduciendo la profundidad del mercado bursátil y bancario interno, y reduciendo la liquidez. La consecuencia financiera de este fenómeno es la elevación del premio por riesgo y, por ende, la elevación de la tasa de descuento aplicable a todo tipo de valores emitidos por entidades mexicanas (bonos y acciones). La inseguridad del país ha reducido ya el valor de todas las empresas y entidades económicas mexicanas, así como el valor de todos los instrumentos financieros mexicanos. Éstas son pérdidas devengadas atribuibles al narcotráfico. Véase: Modern investments and security analysis, de R.J. Fuller y J.L. Farrell, Jr., McGraw Hill Inc., USA, pp. 320-321. Consultor de empresas
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