Lanza Calderón cruzada para combatir el lavado de dinero (El Financiero 27/08/10)

Lanza Calderón cruzada para combatir el lavado de dinero (El Financiero 27/08/10)

Eduardo Ortega

Viernes, 27 de agosto de 2010

Envía al Congreso paquete de iniciativas en la materia.

Propone restricciones en operaciones con efectivo.

Plantea sanciones con prisión de 5 a 15 años.

 

· Endurecerán medidas contra lavado de dinero

El presidente Felipe Calderón propuso al Congreso de la Unión prohibir el pago en efectivo de más de cien mil pesos para la transmisión de títulos accionarios o adquirir masivamente boletos de apuestas o sorteos, automóviles, aviones, barcos y joyería.

 

Señaló que esas transacciones deberán realizarse mediante cheques, fundamentalmente, que son las operaciones más comunes en cualquier economía.

 

El Ejecutivo envió al Legislativo una iniciativa de Ley Federal para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, así como una miscelánea penal de lavado de dinero.

 

En un acto realizado en Los Pinos, informó que en esas iniciativas planten además la necesidad de impedir la adquisición de cualquier tipo de bienes inmuebles con efectivo, ya sea con moneda nacional o alguna divisa extranjera.

 

Ante ello, los fedatarios estarán obligados a constatar el pago de las transacciones mediante cheques nominativos y de toda forma que sea susceptible de ser identificada en la licitud de la operación.

 

En nuestro país -de acuerdo con el senador panista Santiago Creel-, las organizaciones criminales manejan alrededor de 25 mil millones de dólares.

 

Por eso, Calderón dio a conocer también que se busca que las casas de cambio, los centros de juegos y apuestas, los emisores de tarjetas bancarias, las empresas de blindaje, los joyeros, fedatarios públicos, abogados, contadores y agencias inmobiliarias estén obligados a informar a la autoridad sobre compras atípicas de gran valor.

 

Consideró que así las autoridades federales podrán investigar desde el primer momento a las empresas que se constituyan o que operen con la intención de lavar dinero.

 

Por otra parte, con el fin de impedir el ingreso de dinero ilícito al país, el gobierno mejorará el uso de información de inteligencia, al supervisar operaciones concretas de transacciones internacionales.

 

Por ejemplo, se hará más eficiente el cruce de información entre las aduanas y las autoridades, para verificar si quienes declaran importantes cantidades de dinero están sujetos a alguna investigación.

 

Asimismo, se fortalecerán los mecanismos para la detección de efectivo en los puertos de entrada y de salida, así como en las vías de comunicación, y se vigilarán con mayor atención las operaciones de comercio exterior que pudieran implicar el uso de recursos ilícitos.

 

Para lo anterior, se robustecerá la capacidad de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

 

Prohibiciones

 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, explicó que el Ejecutivo propone penar con entre cinco y 15 años de prisión a quienes violen la prohibición de pagar en efectivo más de cien mil pesos en la compra de automóviles, aviones, barcos y joyería.

 

Para ello, añadió, habrá que ajustar los tipos penales y reconocer los nuevos relacionados con el blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo.

 

De acuerdo con el funcionario, la nueva estrategia antilavado tiene dos metas fundamentales: impedir que las organizaciones criminales dispongan de sus ganancias y judicializar oportuna y efectivamente casos de blanqueo.

 

Además, está basada en cuatro ejes rectores: fortalecer las organizaciones que combaten casos de lavado, modificar el marco normativo, fortalecer la supervisión basado en modelos de riesgo y transparentar, rendir cuentas y medir los avances de la estrategia.

 

Entre los objetivos secundarios, destaca la creación de células especializadas que den seguimiento a casos específicos, conformadas por funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.

 

Se integrará, procesará y analizará la mayor cantidad de información financiera y criminal de manera coordinada entre las dependencias involucradas y, también, se firmarán acuerdos de colaboración e intercambio de información entre los tres niveles de gobierno.