Inseguridad y economía (El Financiero 12/08/11)

Ramón García Gibson

Viernes, 12 de agosto de 2011

Resulta de lógica elemental afirmar que la inseguridad generada por la delincuencia organizada en México, y en cualquier país, tiene un impacto negativo en la economía formal.

En este sentido, en fecha reciente el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que sí hay indicios de que la inseguridad afecta la actividad económica, por lo que se requieren mayores recursos para enfrentar éste y otros problemas que aquejan al país.

En su análisis, el CEESP expuso que, ante la próxima elaboración del Presupuesto de Egresos 2012, debería considerarse canalizar mayores recursos para enfrentar los problemas que aquejan al país, como son la pobreza, la educación, la salud y, evidentemente, la inseguridad pública, entre otros.

De acuerdo con algunas definiciones, habitualmente el crecimiento económico se mide en el porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real o PIB y se asocia a la productividad.

En ese sentido, según una investigación publicada en la revista Negocios y Economía de Editorial Robles, la percepción de inseguridad se ha extendido a todas las actividades económicas y, de acuerdo con estimaciones de un grupo financiero de primer orden, su impacto se estima en el deterioro de un punto porcentual del PIB, alrededor de diez mil millones de dólares.

Diversas fuentes refieren que el Banco de México, mediante declaraciones de sus funcionarios, afirmó que uno de los riesgos para el crecimiento económico en el corto plazo proviene de la inseguridad pública.

También reconoció que la violencia frena el crecimiento de la economía del país, aunque consideró elevada la cifra de entre 1 y 1.5 por ciento del PIB calculada por un banco de inversión.

Existen opiniones muy diversas sobre las causales de la inseguridad en cualquier país, lo innegable es que en el caso particular, los tres órdenes de gobierno en México han atacado el tema desde su raíz, dentro de sus diferentes esferas de competencia.

Si los resultados han sido satisfactorios o no cada persona puede tener su opinión sobre el tema, lo que sí podemos afirmar es que las oleadas de violencia en cualquier región del mundo traen como consecuencia directa que se contraigan algunos indicadores económicos, y nuestro caso no ha sido la excepción.

En México los ciudadanos, encabezados por representantes legítimos, se han expresado acertadamente contra la inseguridad, enumerando importantes prioridades, como freno a las reformas a la ley de seguridad nacional, ley de víctimas, un fondo para apoyarlas, comisión de la verdad y aprobación inmediata de la reforma política.

Al escribir en este artículo sobre inseguridad y economía, hemos abordado el impacto negativo que una actividad ilegal puede acarrear para un país, aunque también sería muy interesante medir cómo un gobierno puede lograr afectar de forma efectiva las ganancias económicas de una organización delictiva.

Lo anterior, entre otras soluciones, se logra con herramientas eficaces, entre ellas una ley robusta relativa al combate al lavado de dinero (en espera de aprobación del H. Congreso de la Unión).

La teoría y experiencia de diversos países nos dicen que es fundamental que tanto ciudadanos como autoridades se coordinen de forma adecuada para que cada uno, dentro de su campo de acción, realice los esfuerzos necesarios para detectar, denunciar, investigar, sancionar y juzgar actos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Se está dando en México esta coordinación de forma adecuada? Tenemos todos que reflexionar sobre el tema.

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