Acota monopolios la ley de telecom  (Reforma 26/02/13)

Alejandro Encinas, quien presentó su propuesta en materia de telecomunicaciones, dialoga con Manuel Camacho Solís y Armando Ríos Piter en el Senado.

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REFORMA / Redacción

Ciudad de México  (26 febrero 2013).- El Pacto por México tiene lista la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que pretende acabar con prácticas monopólicas de televisoras y compañías telefónicas.

De acuerdo con el último borrador del proyecto, del que REFORMA tiene copia, se plantea sustituir a la Cofetel por un Instituto Federal de Telecomunicaciones, que licitará nuevas concesiones para dos cadenas nacionales de televisión en un plazo máximo de seis meses a partir de la publicación de la reforma.

Este instituto deberá garantizar la "sana competencia" en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión y tendrá facultades para limitar la concentración de frecuencias y la propiedad cruzada de varios medios electrónicos de comunicación, así como otorgar y revocar concesiones.

También podrá impedir que los concesionarios impongan condiciones de acceso, convergencia e interconexión o realicen acciones que atenten contra la libre concurrencia en el mercado.

Un tema en el que aún no hay acuerdo es el de las reglas bajo las cuales operarán los esquemas de "must carry", que obliga a las cableras a incluir en su servicio las señales de TV abierta con todo y publicidad, y el "must offer", por medio del cual los concesionarios de televisión abierta no pueden negar la entrega de su señal a los sistemas de paga.

La discusión en el caso del "must carry" es si debe ofrecerse de manera "gratuita", a "precios competitivos" o a "precio de mercado".

Las empresas podrán perder sus títulos por incumplir resoluciones relacionadas con prácticas monopólicas, pero también por difundir propaganda electoral como si se tratara de contenidos informativos.

"En materia electoral, la venta, donación o aportación de publicidad o propaganda presentada como información, en cualquier segmento de la programación, sin previa autorización de la autoridad competente, deberá considerarse causa de revocación de las concesiones", se indica en el documento.

En cuánto al otorgamiento de las concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión, el proyecto señala que no procederá el método de subasta.

Detalla que la enajenación o venta total o parcial de los derechos y obligaciones de los concesionarios requerirá siempre de la autorización del Gobierno.

Por otro lado, en el caso de las telefónicas, la reforma legal derivada de los cambios a la Carta Magna considerará como "agente económico preponderante" al concesionario que tenga una participación nacional de más del 40 por ciento del mercado.

En este caso, el órgano regulador deberá imponer obligaciones de cobertura universal y medidas para evitar que se afecte la libre competencia.

Pero también puede intervenir para obligar a la "desagregación" de sus elementos como empresa y a la separación contable de los mismos, así como garantizar el acceso de otros concesionarios.

"Establecer las medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telefonía e internet fijos, de manera que los concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión", se detalla.

Según la propuesta, tanto el Instituto como la nueva Comisión Federal de Competencia Económica tendrán seis meses para determinar los mercados en los que exista una concentración de insumos que provoque efectos anticompetitivos.

"Deberán ser desincorporados de quienes los concentren, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos (...) así como los mecanismos y plazos para llevarla a cabo, y las posibles sanciones en caso de que no se ejecuten conforme a lo ordenado", describe.

También adelanta que la ley secundaria fijará las bases para corregir distorsiones en el mercado.

"En el caso de los medios masivos de comunicación asegurarán la competencia e impondrán límites a la concentración de mercados y a la concentración de varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado", se indica.

En la propuesta de redacción del artículo 28, se advierte que la ley castigará "severamente" toda concentración o acaparamiento, lo que obliga al órgano regulador a interponer una denuncia ante el Ministerio Público, al margen de las sanciones administrativas que puedan aplicarse.

En el Artículo 4 de la Constitución se propone establecer que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información, a las redes y servicios de telecomunicaciones, incluido el internet de banda ancha y de radiodifusión.