La minería, más allá de una simple reforma (El Financiero 06/05/13)

Dolores Padierna Luna

Lunes, 6 de mayo de 2013

En abril fue turnada al Senado la minuta de reformas a la Ley Minera, en la cual se impone un cobro de 5 por ciento de las ganancias de las empresas concesionarias de la minería. Este porcentaje es adicional a la contribución -que suele ser irrisoria- por hectárea ocupada.

México es el primer productor de plata en el mundo, con 21 por ciento de la producción mundial; ocupa el segundo lugar de producción de fluorita; el tercero en bismuto, y el quinto en plomo cadmio; el décimo productor de oro, cobre, sal y carbón.

Hay que señalar que la minería es una actividad industrial que muy poco o nada ha servido al desarrollo de nuestro país. Sigue siendo en su mayoría de propiedad extranjera, meramente extractiva y de trabajo que frecuentemente nos recuerda la época porfiriana.

La minería ocupa directamente a 333 mil 500 trabajadores, que representa un 0.7 por ciento de la población ocupada del país y genera 1.5 millones de empleos indirectos en 3.6 por ciento de la PEA.

Lamentablemente este sector estratégico ha sido entregado mediante 31 mil concesiones a mineras trasnacionales que ocupan 45 millones de hectáreas del territorio nacional, es decir, una tercera parte de México. Estamos hablando de un sector de 301 empresas quienes tienen permiso de explotación por 50 años. De ellas, 207 son canadienses, 48 son estadounidenses y 14 mexicanas; el resto de, otras nacionalidades.

En el sexenio pasado la participación del capital extranjero en proyectos de explotación minera creció 70 por ciento; las mineras extrajeron en 5 años (2005-2010) 552 mil millones de pesos y sólo pagaron al país seis mil 500 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación, en la cuenta pública 2010, señala que los procesos mineros generaron impactos ambientales con altos costos económicos, ambientales y sociales irreversibles.

En el plano laboral el sector minero no está al alza. Los trabajadores reciben salarios muy bajos, mientras que en los países de origen del capital se alcanzan salarios de 18 o 20 dólares por hora, en México esas mismas empresas pagan dos dólares por hora. Nuestro país se encuentra entre los países con prácticas ilegales en la industria, administración deficiente, corrupción, condiciones laborales ínfimas, laxas normas laborales, contratos de trabajo amañados o de incumplimiento constante y sin normas de seguridad laboral.

Caso especial son los "pocitos" de carbón, que concentran la producción de carbón en Coahuila. Muchos son ilegales y operan en forma clandestina, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

En la minería un gran número de trabajadores carece de seguridad social y tiene horarios de trabajo de más de diez horas. Por ello es también una actividad de alto riesgo, donde constantemente pierden la vida decenas de trabajadores. Entre los hechos que han significado la pérdida de vidas humanas tenemos: 64 en Pasta de Conchos; tres en la mina Lulú en Coahuila; cuatro en La Esmeralda; dos en el Estado de México; cuatro fallecieron en la minera BIMSA; dos en El Hondo; tres murieron en Ópalo Plata de Gallo; 3 en Peñamiller, Querétaro; siete en El Progreso SA de CV; cinco en Progreso; siete más en Altos Hornos, etcétera. La lista es larga.

Por ello resulta menor la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Ha llegado el momento de terminar con la impunidad, con la pérdida de vidas de trabajadores, de recursos nacionales, con daños irreversibles al medio ambiente.

La solución integral implica varias medidas, entre otras: establecer el delito industrial a concesionarios que no cumplan con las medidas de seguridad; revisar la legalidad de las concesiones; establecer el pago del ISR como cualquier otra empresa; revisar el precio por hectárea y la temporalidad de las concesiones; establecer el interés superior del trabajador minero; obligar a respetar las leyes ambientales y laborales; atender a las comunidades con una verdadera política social y formación de infraestructura; impulsar el aumento de salarios, cubrir prestaciones y mejorar las condiciones de vida de las familias mineras.

Senadora de la República