Rechazan organizaciones el Ingreso Objetivo Mínimo (El Financiero 30/01/09)

(Héctor A. Chávez Maya) 

Viernes, 30 de enero de 2009

Organizaciones campesinas e industriales del sector agropecuario nacional calificaron de inadmisible el Ingreso Objetivo Mínimo definido para diferentes productos agrícolas, publicado a principios de año en el Diario Oficial de la Federación.

Mediante un comunicado conjunto el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Nacional de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales aseguraron que los montos definidos para el maíz en dos mil cien pesos por tonelada; trigo panificable, dos mil 730; sorgo, mil 785; arroz, dos mil 940; y soya, cuatro mil 200 -entre otros- no cubren siquiera los costos de producción en México, lo que hace prácticamente imposible conseguir financiamiento, principalmente en un marco de astringencia crediticia.

Advierten que la política pública, así definida, desestimula la producción nacional; incrementa la dependencia alimentaria y pone en riesgo el abasto del país, ante una escasa y volátil oferta internacional para cubrir las necesidades del consumo doméstico, así como los altos niveles de empleo y actividad económica que están ligados al sector agroalimentario.

Consideran que esta medida contradice el esfuerzo que el gobierno federal ha aplicado en otras áreas de la economía, con claras medidas anticíclicas.

Las organizaciones advierten que los recursos asignados por la Cámara de Diputados al sector agropecuario en el Programa Especial Concurrente (PEC) 2009 -que asciende a casi 236 millones de pesos- son más que suficientes para impulsar políticas de fomento y mecanismos, como un ingreso objetivo mínimo que promueva la producción de alimentos y el empleo; es decir, no se requiere de más presupuesto sino de una mejor asignación del mismo.

Finalmente señala que, ante los retos que plantea la crisis económica, es necesario contar con la flexibilidad suficiente para adecuar los instrumentos de política pública a la volatilidad del entorno económico y a los cambios drásticos que se generan en el mercado.