En condiciones de pobreza, 80% de la población rural (El Financiero 03/08/09)

(Héctor A. Chávez Maya)

Lunes, 3 de agosto de 2009

El medio rural mexicano tendrá futuro no solamente reformando el Procampo, sino toda la política agroalimentaria y rural que el gobierno federal ha aplicado desde 1982, particularmente en los dos últimos sexenios, consideró el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc).

Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), señala en un análisis que no obstante contar con presupuestos crecientes para el sector, durante los dos últimos sexenios se ha incrementado la desigualdad, pobreza y migración en el campo.

Sólo 10 por ciento de los productores concentran 70 por ciento de los ingresos rurales, mientras que 80 por ciento viven en condiciones de pobreza, lo que trae como consecuencia que 250 mil pobladores rurales migren cada año.

"Hay mayor concentración de los subsidios, donde 80 por ciento del Procampo y 70 por ciento del crédito es accesible sólo para una minoría de agricultores ricos del norte del país y las grandes empresas agroalimentarias."

Actualmente la dependencia alimentaria de México es de 45 por ciento, principalmente de comestibles importados de Estados Unidos y Canadá.

En tanto, ramas como la forestal presentan un retroceso productivo a niveles que se tenían en la década de los noventa, además del creciente deterioro de los ecosistemas forestales y de la pérdida de empleos en toda la cadena.

Lo anterior ha sido resultado directo de las políticas aplicadas por los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, que han privilegiado a los agricultores ricos del norte del país, a las grandes empresas agroalimentarias y las importaciones.

Ello, aseveró, en detrimento de la producción campesina para el mercado interno y de la soberanía alimentaria.

Por ello, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se deben diseñar instrumentos de apoyo diferenciados para los distintos tipos de productores que hay en el país.

Y ello debe ser un mandato aplicable y obligatorio para todos los programas rurales y todas las dependencias que atienden al campo.