Reforma fiscal, prioridad de la IP (El Financiero 25/08/09)

Isabel Becerril

Martes, 25 de agosto de 2009

Mejora regulatoria y eficiencia del gobierno, ejes de la agenda.

Proponen IETU en 16.5% e IVA de 12% general para 2010.

Reasignar gasto corriente a obra pública, clave.

· Elegir entre IETU o ISR, proponen los empresarios

Para el sector privado la prioridad del país es la reforma fiscal, en que debe definirse la permanencia de Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y la eliminación del Impuesto sobre la Renta (ISR), o viceversa, aunque también señala que hay que centrarse en la mejora regulatoria y en la eficiencia del gobierno.

En la agenda de competitividad del sector empresarial para 2010 destaca que, de optar por el IETU permanezca en una tasa de 16.5 por ciento; además propone eliminar la cauda de exenciones del ISR; reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 15 a 12 por ciento, y aplicarlo a todos los productos y servicios en 2010, incluyendo alimentos y medicinas, con una tasa menor diferenciada.

En esa agenda, donde se incluyen diversos temas, los empresarios plantean la eliminación definitiva del pago de la tenencia de automóviles; aplicar sanciones a las autoridades que retrasen o excedan los plazos en licitaciones, y acelerar los programas de mejora regulatoria.

De acuerdo con el proyecto, obtenido por EL FINANCIERO, los miembros de Consejo Coordinador Empresarial (CCE) proponen la reducción de 50 por ciento a las dietas de los legisladores federales y estatales; el establecimiento de un tope salarial a funcionarios públicos, y la reducción de 30 por ciento a los gastos de las campañas políticas y reasignación de los recursos para obra pública.

También exigen que se mantengan los programas de apoyo a negocios con problemas de liquidez pero cumplidos, como son las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), incluyendo periodos de gracia, ampliación de plazos y existencia de parcialidades.

En materia financiera y fiscal plantean la simplificación del despacho aduanal, privilegiando los sistemas de una sola revisión y homologando horarios.

Proponen igualmente la creación de tribunales especializados en materia mercantil y financiera, así como reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Leyes Orgánicas de los Tribunales Estatales, para agilizar la tramitación de los juicios mercantiles, que a su vez permitan reducir al mínimo el costo de los mismos, evitar la generación de criterios contradictorios y favorecer el cumplimiento de los contratos.

Seguridad jurídica

De igual forma, plantean cambios al Código Civil federal y códigos civiles estatales en la parte relativa a los registros públicos y reglamentos de los registros públicos estatales.

Esas reformas, aseguran, brindarían la seguridad jurídica necesaria y la adecuada publicidad de las transacciones financieras, mercantiles y civiles (inmobiliarias).

Señalan la pertinencia de introducir en la ley la figura del cheque protegido, a fin de evitar fraudes bancarios.

En la propuesta sobre educación, los integrantes del CCE señalan que hay que seguir impulsando un proceso de evaluación participativo, con reglas claras y transparentes, que incluya a padres de familia, autoridades educativas, profesores, investigadores, medios de comunicación y la sociedad.

Apuntan de igual forma que hay que fortalecer los instrumentos de evaluación en todo el sistema educativo; elevar el impacto de la prueba ENLACE, clarificando los reportes de desempeño de las escuelas para motivar a los padres de familia a ubicar las oportunidades y debilidades de sus hijos, así como exigir mejoras en la operación de las escuelas.