Sin control, precios de la canasta básica: Profeco (El Financiero 02/02/10)

Víctor Chávez / Manuel Velázquez

Martes, 2 de febrero de 2010

Crecen denuncias de consumidores.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) admitió ante el Congreso de la Unión que la escalada de precios en productos de la canasta básica "no tiene control".

En un informe entregado al Poder Legislativo, la dependencia argumenta: "Los precios de los productos básicos de consumo generalizado, como tortilla, huevo, frijol, arroz, aceite, leche, pollo y carne, entre otros, se establecen de acuerdo con la oferta y la demanda de cada uno, es decir que no hay control de precios, a excepción del gas LP y la gasolina."

Señala que del 1 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 "la Profeco recibió 245 denuncias presentadas por consumidores en contra de proveedores de productos básicos relacionadas con aumentos de precios o por no respetar los precios exhibidos", de las cuales 148 se captaron vía telefónica.

En atención a estas denuncias "se ordenaron 200 visitas para vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, emplazando a procedimiento administrativo a 62 establecimientos por posibles infracciones a la ley, tales como no exhibir precios o utilizar básculas que pesaban kilos incompletos".

Verificaciones

Destaca que de las denuncias recibidas se han ordenado las verificaciones de 82 por ciento y el restante 18 por ciento está en proceso de atención.

En la primera quincena de este año se realizaron cerca de 550 verificaciones a establecimientos con venta de productos básicos, emplazando a procedimiento administrativo a más de 70 por infracciones a la ley, como no exhibir precios y/o entregar kilogramos incompletos al consumidor.

Además se inmovilizaron ocho básculas de las más de 580 verificadas, pues registraban faltantes de peso de hasta 60 gramos.

Refiere que durante 2009 se emitieron cerca de cuatro mil resoluciones administrativas y se impusieron sanciones económicas por casi diez millones de pesos.