La pobreza educativa del Coneval (El Financiero 08/03/10)

Araceli Damián*

Lunes, 8 de marzo de 2010

En la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza multidimensional se determinaron umbrales o normas de satisfacción muy bajos, y con ello un buen número de mexicanos que no tienen satisfechas sus necesidades humanas, que por tanto es pobre, ha quedado fuera (o potencialmente fuera) de los programas para reducir la pobreza.

Siguiendo los postulados del destacado filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, podemos asegurar que al haber tomado decisiones que afectan a otras personas o grupos sociales (pobres o "no pobres), la actuación de los seis académicos del Coneval puede ser evaluada desde el punto de vista ético.

Al definir las normas marcaron "un camino general, en el marco del cual los hombres (en este caso los organismos públicos) pueden orientar su conducta en diversas situaciones particulares", afectando así las metas de la política social y a los beneficiarios de ésta (Ética, crítica, Barcelona, 2005).

Para juzgar los rasgos que caracterizaron el actuar de los integrantes de este organismo, es decir la forma como determinaron las normas, podemos retomar las ideas de Peter Townsend, eminente estudioso de la pobreza, quien aseguraba que "uno de los propósitos del cientista social es develar cómo los conceptos tienden a ser las creaciones del arbitrario ejercicio del poder, y mirar más allá de ellos, hacia una representación más democrática de los intereses involucrados en la definición de los significados que le son dados" ("The International Analysis of Poverty", Harverster, Gran Bretaña, 1993: 120).

Townsend devela las representaciones sociales de manera más democrática a través de encuestas que capturan los estilos de vida dominantes y las percepciones en torno a los mínimos de satisfacción en la sociedad.

En cambio, el Coneval, a pesar de haber elaborado la Encuesta para la Determinación de Umbrales Multidimensionales de la Pobreza (2007), que recoge la opinión social sobre lo necesario para vivir bien, evadió utilizar sus resultados, y siguió un camino arbitrario, basándose supuestamente en recomendaciones de otros organismos y estudios financiados por el mismo Coneval, los cuales no ha dado a conocer.

En este espacio (22/febrero/2010) hemos comentamos ya la minimización de la norma educativa del Coneval para la población de 26 años y más de edad, en la que se estableció el nivel educativo de primaria como requisito para no ser carente en este indicador.

Si los académicos hubieran deseado utilizar una representación más democrática en torno a lo requerido en esta dimensión, podrían haber tomado los resultados de la encuesta citada, estableciendo como norma la preparatoria (o equivalente), ya que 45 por ciento de la población de 18 años de edad y más la consideró necesaria para que una persona pueda vivir bien, mientras que sólo 1.3 por ciento consideró como adecuado el nivel de primaria.

Debemos considerar además que 40.9 por ciento adicional consideró necesarios los estudios profesionales, maestría o doctorado, lo cual muestra que la sociedad mexicana enfrenta requerimientos mucho más elevados que la simple educación primaria.

De acuerdo con Sánchez Vázquez, una vez que los individuos realizan sus acciones, emplean argumentos o razones para justificarlas.

En el documento metodológico del Coneval, los académicos argumentan que establecieron como norma educativa la primaria para la población de 26 años y más con base en el nivel escolar reconocido en la Constitución como un derecho para los mexicanos hasta 1982, año en que se introdujo como derecho la educación secundaria, siendo ésta la norma que tomaron para la población de 16 a 26 años de edad.

Al suponer que la norma de educación secundaria sólo es efectiva para los que nacieron en el año en que se incorporó como derecho en la Constitución, los académicos del Coneval hicieron mal uso de un principio legal que impide que cambios en las leyes que reducen derechos adquiridos se apliquen de manera retroactiva.

Por el contrario, cuando se trata de mejoras en los derechos sociales se vuelven principios que protegen a toda la población y no sólo a los nacidos al momento de ser decretados.

Al tomar el nivel educativo de primaria, los integrantes del Coneval pretenden ignorar que esta norma se fijó en 1917, fecha de promulgación de la Constitución, época en que la inmensa mayoría de la población era analfabeta, lo cual hacía que esta aspiración se tornara en una responsabilidad legítima del gobierno mexicano.

También pretenden ignorar que desde entonces los requerimientos educativos para obtener un empleo que asegure vivir bien se han incrementado.

De acuerdo con el trabajo pionero de Cynthia Hewitt de Alcántara, ya en los años cincuenta la primaria sólo permitía obtener puestos de nivel medio para abajo, y con el transcurso de los años resultó ser necesario cumplir con requisitos educativos más altos para conseguir empleos, antes otorgados a solicitantes con nivel mínimo de instrucción ("Ensayo sobre la satisfacción de las necesidades básicas en México, 1940-1970", en Marc Nerfin, comp., 1978, Hacia otro desarrollo: enfoques y estrategias, México, Siglo XXI Editores, pp. 177-272).

Documentos citados en su trabajo señalan que para el periodo 1960-1970, con diez años o más de estudios (secundaria) se tenían 73 por ciento de oportunidades de encontrar trabajo frente a 36 por ciento con menor número de años de educación, es decir que desde hace cuatro décadas la primaria era ya insuficiente.

Por otra parte debemos considerar que, de acuerdo con Hewitt, desde los años setenta el acceso a la educación media y superior se tornó en un medio para la defensa de los niveles de vida ya logrados.

Podemos decir que en el ejercicio de establecimiento de normas es éticamente incorrecto ignorar tanto la percepción de la sociedad en torno a lo necesario para vivir bien, como la realidad documentada en estudios sobre satisfacción de necesidades humanas.