Opacidad de estados en manejo de recursos (El Financiero 03/06/10)

Ivette Saldaña

Jueves, 3 de junio de 2010

Baja la calificación promedio del país de 54 a 52.

Nómina del sector público representa el 13.5% del PIB.

Para el pago de salarios, 7 de cada 10 pesos.

· Opacidad en los presupuestos estatales

La calidad y transparencia de los presupuestos de los estados empeoró en el periodo 2008-2010, al caer la calificación promedio del país de 54 a 52 puntos, lo que preocupa porque a pesar de que aumentan los recursos que se les asignan, sube la opacidad en el manejo de los dineros.

En el Índice de Información Presupuestal de los Estados, que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), se explica que al menos 18 entidades disminuyeron su calificación.

Entre los peor ubicados están Baja California, Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca y Baja California Sur (este último obtuvo cero, porque no proporcionó dato alguno sobre el uso que le dio al presupuesto).

Los diez mejor calificados fueron Jalisco (con 77 puntos), Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Yucatán, Colima, Nuevo León y Guerrero.

Al dar a conocer el documento, el director de Finanzas Públicas del Imco, Juan Pardinas, aseguró que el gasto de nómina en las entidades federativas del país es de 68 por ciento, es decir que siete de cada diez pesos son para el pago de salarios.

Y si se considera a los estados y al gobierno federal con sus paraestatales y demás organismos autónomos, la nómina representa 13.5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Sin embargo, sólo hay información precisa de 9.5 por ciento, pues el restante 4 por ciento es una "cifra negra" que no se da a conocer abiertamente, pero que se calcula considerando las transferencias para educación, seguridad, salud y recursos para organismos públicos.

"Estamos estimando los tamaños del gasto en burocracia", porque no hay transparencia sobre el uso de los recursos.

Además, ese 13.5 por ciento de gasto en nómina es una cifra muy grande, porque sería mayor que el PIB de Bolivia y otros 120 países, y equivaldría a 24 veces la inversión realizada por Sudáfrica para organizar el Copa del Mundo de 2010.

Hay evidencia de que la mayor parte del presupuesto al sector educativo se destina a sueldos de profesores y personal administrativo, que significa 93 por ciento del gasto en el sector, que asciende a 23 por ciento del presupuesto total -mucho más del 13 por ciento promedio que asignan los países de la OCDE.

Pardinas aseguró que la opacidad en el uso de los recursos presupuestales se da sin importar el partido político que gobierne la entidad.

Malas prácticas

El cambio de partidos en el poder no significó mejores prácticas; al contrario, en algunos estados empeoró.

Por ejemplo, entre algunas "malas prácticas" que se encontraron aparece que en Baja California se dan muchos bonos para el magisterio, pero no hay manera de "seguirles la pista", porque no se detalla cómo se dan; sólo se contabilizan como "otras prestaciones".

En Chihuahua hay plazas sindicalizadas excesivas; en Guanajuato hay una creación indiscreta de burócratas; en Michoacán, el Ejecutivo estatal es el que autoriza los "subsidios, donativos y ayudas que considere necesarios para apoyar a los grupos sociales que más requieran", según dice en sus leyes, y Puebla es el único estado que no desglosa la deuda pública, entre otros.

Claro que hay estados con buenas prácticas, como Campeche, que establece criterios claros de ascensos para las plazas de servidores públicos; Coahuila, que detalla el objeto del gasto para el magisterio; Chihuahua, que desglosa las plazas; Durango, que tiene transparencia en los salarios del Congreso, y otros más.