Ley Agraria, obsoleta: Abelardo Escobar (El Financiero 19/02/08)

Héctor A. Chávez Maya

Martes, 19 de febrero de 2008

La reglamentación es "demasiado tortuosa" y genera corrupción.

Privatizar ejidos no abate la pobreza.

Falta un programa de desarrollo rural.

Abelardo Escobar Prieto. (Foto: Cortesía)

La privatización del ejido no es la única forma de mejorar las condiciones de vida en el medio rural y abatir la pobreza, sino también el desarrollo de proyectos con apoyo técnico, asesoría y financiamiento adecuado, que permitan la creación de empresas rurales y el desarrollo de comunidades que se encuentran dentro del rango de pobreza extrema.

Así lo afirma el titular de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), Abelardo Escobar Prieto, quien dice que a 15 años de promulgada la Ley Agraria, tras la modificación del artículo 27 constitucional, existen procedimientos que a lo largo del tiempo indican la necesidad de actualizarse para cubrir omisiones que tiene la legislación o que ya son inadecuadas.

Está demostrado que cuando una reglamentación es "demasiado tortuosa" genera corrupción, contrario a los trámites ágiles y sencillos que permiten el mejor funcionamiento de las cosas.

A pesar de que en meses pasados líderes de organizaciones rurales insistían en la desaparición de la SRA, al considerar que su tarea de reparto agrario ya había concluido, su titular justifica su existencia con la continuación de la legalización de la propiedad, la solución a los conflictos por tenencia de la tierra y el desarrollo agrario.

Reconoce que el reparto agrario, que duró muchos años, no fue acompañado de un programa de desarrollo rural en las áreas más marginadas.

De ahí que se deben establecer programas que permitan a las comunidades del país desarrollar proyectos productivos, con apoyo no sólo económico, sino también créditos oportunos y baratos, y con facilidad para adquirir insumos, lo que les permitirá incrementar su productividad y mejorar sus condiciones de vida actual.

Escobar Prieto califica de lamentable el desmantelamiento de instancias del gobierno como Fertilizantes de México y Productora Nacional de Semillas, que en algún momento sirvieron para apoyar al campo, pues si bien es cierto que podrían ser consideradas con un criterio paternalista, fueron de gran apoyo para el desarrollo del campo.

A diferencia del gobierno de México, el de Estados Unidos cuanta con un servicio de extensión agrícola que permite a los agricultores saber cómo vender sus productos, cómo controlar las plagas, y en general les presta asesoría que les permite un adecuado desarrollo, situación que es inalcanzable para nuestros pequeños productores.

"Es necesario que el gobierno les lleve asesoría técnica a los pequeños productores. En los proyectos productivos que hemos financiado tendremos asesoría técnica permanente para los beneficiarios de este programa; eso les permitirá comercializar y resolver problemas que estaban teniendo en sus proyectos."

Actualmente, la SRA cuenta con un presupuesto de cinco mil 435 millones de pesos, 663 millones más que en 2007.

El funcionario asegura que se han disminuido considerablemente los gastos operativos, a fin de destinar la mayor cantidad de esos recursos a programas como el de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), para lo cual este año se tienen asignados 922.1 millones de pesos, o el Joven Emprendedor Rural/Fondo de Tierras, con 500 millones.

Actualmente en México existen 4.5 millones de sujetos agrarios, que son los beneficiarios del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que ha expedido 9.5 millones de documentos.

Para Escobar Prieto, el reparto agrario ha sido uno de los actos reivindicativos del Estado que más han transformado las estructuras del país, ya que de los 200 millones de hectáreas de superficie total, 52 por ciento (103.5 millones de hectáreas) ya está en manos de hombres y mujeres del campo.

Datos del Registro Agrario Nacional indican que en 15 años sólo un millón 800 mil hectáreas de las 103.5 millones de propiedad social han pasado al dominio pleno, esto debido al crecimiento urbano, industrial y turístico, lo que demuestra -anota el titular de la SRA- que el ejido no está en peligro de desaparecer.

Desaprovechan beneficio

Aunque desde 1993 la Ley Agraria permite la privatización de las tierras ejidales, reconoce el entrevistado, muy pocos han aprovechado este beneficio debido a las dificultades que enfrentan cuando intentan hacer uso de este derecho, toda vez que la Ley ha quedado obsoleta.

Considera que la reforma a esta Ley, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, debe contener programas de desarrollo agrario integral, a fin de crear las condiciones necesarias para mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural, y así evitar que tengan que acudir a la migración como la única forma de solucionar sus problemas económicos.

La legislación en vigor permite aún acciones de corrupción, toda vez que los servidores públicos pueden condicionar los cambios de certificado a quienes pretenden que sus ejidos pasen al dominio pleno.

Abelardo Escobar se pronuncia por que se establezcan las funciones específicas de la Procuraduría Agraria, para que cumpla con su objetivo primordial de asesoramiento jurídico y defensa de los intereses de los campesinos.

La reforma también debe establecer claramente los mecanismos para heredar las tierras y evitar con ello que haya juicio sucesorio,

El secretario de la Reforma Agraria dice que las condiciones para establecer que la parcela pueda ser vendida o rentada por el ejidatario deben ser más explícitas, a fin de no dejar desamparada a su familia.

"Se debe establecer la figura del patrimonio familiar en el área civil, es decir que yo como propietario de mi casa me inscribo en las oficinas del registro y digo que es mi patrimonio; en ese momento lo convierto en inembargable, o sea que no me lo puedan quitar porque es un patrimonio familiar."

Califica de indispensable contar con un Código de Procedimientos Agrarios, toda vez que por imprecisiones en la Ley se tiene que aplicar el Código Civil en forma supletoria, sin tomar en cuenta que se trata de áreas diferentes entre propiedad social y de la sociedad privada.

Finalmente apunta que el fomento a la compactación de la tierra para que se puedan hacer explotaciones en común sin que se pierda la titularidad, es una acción que permitirá el desarrollo de las comunidades.