ONG´s pinden garantizar el respeto a los derechos de los migrantes (Diario de Querétaro 03/07/13)

ONG´s pinden garantizar el respeto a los derechos de los migrantes (Diario de Querétaro 03/07/13)

La Prensa

 

Ciudad de México.- Cientos de organizaciones no gubernamentales exigieron garantizar el respeto a los derechos de los personas migrantes detenidas en el Centro de Detención para Migrantes de Tapachula, Chiapas, ya que se comenten diversos abusos en su contra, extorsiones a ellos y sus familias y son son sometidos a la privación prolongada de la libertad.

 

Explicaron que los informes sobre derechos humanos y condiciones de vida de las personas migrantes y solicitantes de asilo en ese centro reflejan que a éstos los privan de libertad, lo que les afecta de manera transversal la integridad física, emocional y las garantías jurídicas de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes.

 

De acuerdo a activistas del Centro de Dignificación Humana, A.C. Foro Migraciones: Caridad Sin Fronteras AC, Carmen Fernández, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Centro de Atención al Migrante (EXODUS), Centro de los Derechos del Migrante Inc., Centro de Derechos Humanos del Migrante AC, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, Estancia del Migrante González y Martínez, AC, entre otros, los problemas más graves que se han documentado y que persisten hoy día, están relacionados con la falta de un debido proceso y las condiciones de vida insalubres e inhumanas dentro del centro de detención, documentándose incluso la existencia de celdas de castigo.

 

Hay violaciones de derechos humanos que son comunes en todos los centros de detención para migrantes en México: escasa o nula protección consular, así como obstáculos permanentes de la autoridad para acceder a una asistencia legal imparcial y a la justicia para exigir sus derechos.

 

El tiempo que una persona puede estar detenida es discrecional y se agrava cuando hace efectivo su derecho a un recurso contra la decisión de deportación, presenta una denuncia, apela la negativa a su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada o inclusive si es víctima de delito y desea denunciar los hechos.

 

Un ejemplo claro que vivimos en la actualidad es la situación del señor Roque Emilio Martínez Angulo, de nacionalidad cubana que a la fecha de cierre de este comunicado lleva 100 días detenido.

 

Ahí vivía precariamente, razón por la cual decidió migrar a Nicaragua y después a México, con la finalidad de llegar a Estados Unidos. El 23 de marzo del 2013 llegó a Tapachula y se presentó a la estación migratoria, pensando que le darían el salvoconducto y su oficio de salida como ocurre con muchas personas de la misma nacionalidad, sin embargo después de recurrir a acciones legales en contra de su deportación y haber cumplido todos los requisitos, hasta la fecha no tiene información de cómo va su proceso y por qué se han tardado en resolver su puesta en libertad.

 

Así ocurre en su caso y en el de muchas personas de otras nacionalidades detenidas en el mismo lugar, quienes además nos refieren recibir llamadas desde celulares para exigirles cantidades de dinero por su puesta en libertad, cuando sus números y nombres sólo están en posesión, en principio del Instituto Nacional de Migración (INM).

 

Las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, que tratan de promover la defensa de los derechos de la población migrante vemos también permanentemente obstaculizada el ingreso y deslegitimada nuestra intervención en la estación migratoria, pues son constantes los testimonios de personas migrantes a quienes les recomiendan no contactar con organizaciones de derechos humanos, y se desprestigia sin fundamento nuestro trabajo.

 

Ante todas estas circunstancias que violan a diario los derechos más elementales de las personas privadas de libertad, la de sus familiares y la de personas defensoras de derechos humanos, exigimos a las autoridades: la puesta en libertad inmediata de personas como el Sr Roque que han excedido los tiempos máximos de detención establecidos por la ley, con plena restitución de sus derechos.