La OCDE pide multas de 15% sobre ingresos para las telcos (El Financiero 09/04/14)

Ramiro Alonso

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Miércoles, 9 de abril de 2014

•Las penalidades máximas previstas en la iniciativa de Ley secundaria son de 5%.

•También solicitó igualar sanciones en telecomunicaciones y radiodifusión.

•En una carta al Senado, critica falta de autonomía de los reguladores.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al poder Legislativo incrementar las multas económicas para los operadores hasta en un 15 por ciento del total de sus ingresos en la Ley secundaria de telecomunicaciones, debido a que las propuestas por el Ejecutivo federal son 'bajas'.

El secretariado de la OCDE celebró que el régimen de sanciones contemple penalidades ajustadas a los ingresos del operador; sin embargo, consideró que estas son 'relativamente bajas' (5 por ciento de los ingresos anuales para las empresas de telecomunicaciones y 2.5 por ciento para las de radiodifusión).

"Recomendamos aumentar las multas a 10 o 15 por ciento y que sean armonizadas para las empresas tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, en concordancia con el espíritu convergente de la Ley", dijo el organismo multilateral en una carta que envió al Senado de la República.

A decir de la OCDE, otro de los problemas en el proyecto del Ejecutivo federal es el tema de la delimitación de las facultades entre el regulador y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En el pasado, la delimitación de facultades relativas a la protección y el fortalecimiento de los usuarios finales ha sido un problema, ya que las funciones de la Cofetel y la Profeco, y la coordinación entre éstas, no estaban definidas con claridad, indicó la OCDE.

El problema persiste en la iniciativa de la Ley, pues el artículo 198 no asigna de manera explícita tales funciones ni a la Profeco ni al IFT. Estas ambigüedades van en detrimento de los consumidores.

A decir del organismo, es importante que el IFT esté en posibilidad de emitir regulaciones que protejan y fortalezcan a los consumidores de los servicios de telecomunicaciones y, más aún, que pueda imponer multas si los operadores las omiten.

Esto es muy diferente que atender quejas individuales de los usuarios, papel que corresponde a la Profeco.

Aunado a lo anterior, el artículo 201 estipula que la Secretaría de Economía (SE) determinará las obligaciones específicas que los licenciatarios han de observar en relación con los derechos de los usuarios.

"Es el IFT, y no la SE, el órgano que debe estar facultado para ello", expuso.

El documento indica que el IFT debería tener la autoridad de imponer sanciones disuasivas a los operadores que no cumplen con sus obligaciones, incluidas las concernientes a los consumidores.

La OCDE opinó que existen serias deficiencias en el texto actual que deben resolverse. Por ejemplo, la iniciativa es demasiado prescriptiva en cuanto a la regulación del mercado, lo cual puede obstaculizar las funciones del IFT al socavar su facultad de analizar y emitir regulaciones.

"El prescribir detalladamente una regulación en la Ley introduce una rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado, y al mismo tiempo se genera el riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente", dijo la OCDE.