Rechaza IP asumir costo climático (Reforma 02/12/15)

Rechaza IP asumir costo climático (Reforma 02/12/15)

 

 

Por NEGOCIOS / Staff

 

Cd. de México México (02 diciembre 2015).-   El sector patronal se pronunció en contra de que los costos de los compromisos asumidos por el Gobierno mexicano ante la cumbre del cambio climático se transfieran a las empresas, ya que se corre el riesgo de que no puedan cubrirlos.

 

El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, subrayó que el costo económico que se tendría que asumir en México por los daños ambientales es de 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (según datos del Inegi de 2014), es decir casi 911 mil millones de pesos.

 

"Se debe cuidar que los cambios legislativos derivados de los compromisos internacionales que ha adquirido México no abran la puerta a un control excesivo del Gobierno sobre las empresas", advirtió en su mensaje semanal.

 

Este lunes comenzaron en París los trabajos de la vigésima primera Conferencia de las Partes  en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP21, en la que 150 jefes de Estado y de Gobierno buscan un nuevo acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de evitar daños al planeta.

 

Desde su punto de vista, se requiere revisar la viabilidad de las propuestas que se presentan como país para tener acceso a los fondos verdes que serán financiados por las empresas de los países desarrollados, que concentran las tecnologías que se necesitarán para que México pueda cumplir sus compromisos.

 

"Se requieren señales claras y un marco legal que permita crear sinergias con la política pública, de manera que puedan adoptarse mecanismos, normas, acuerdos voluntarios u otros instrumentos de regulación con enfoques de mercado que las empresas pueden acatar, para ayudar a cumplir con las metas comprometidas", señala el documento.

 

Añadió que se deben asegurar procedimientos de transferencia de tecnología a los países en desarrollo, para que naciones como México no dependan de las tecnologías de los países desarrollados.

 

Esta postura se suma a la del sector industrial, quien afirma que la Ley de Transición Energética, que busca reducir la emisión de contaminantes, los deja en una situación de incertidumbre.

 

 

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