Mexicanos, poco conectados y con ofertas escasas (El Financiero 03/04/17)

ITZEL CASTAÑARES

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Lunes, 3 de abril de 2017

Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla son las entidades más afectadas del país.

En México menos de la mitad de los hogares tienen internet, pues la conectividad promedio fue de 47 por ciento a nivel nacional al cierre del año pasado.

Aunque la brecha se ha ido acortando en los últimos años, está lejos de cerrarse, además de que las ofertas que existen actualmente en los estados menos conectados son mínimas y no se tiene previsto el despliegue de la Red Compartida en las zonas de más baja penetración.

Incluso Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla tienen una penetración por debajo de 30 por ciento, en tanto que Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Michoacán e Hidalgo no llegan al 40 por ciento, de cuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) realizada en el segundo cuarto de 2016.

En Chiapas y Tlaxcala, por ejemplo, sólo Telmex ofrece el servicio, con un paquete básico que ronda los 389 pesos, mientras que en entidades como Oaxaca únicamente hay un oferente más, izzi, con un servicio de 400 pesos, por lo que las opciones son mínimas y caras frente a otros proveedores como Wizz, que tiene paquetes de 230 pesos, o Maxcom, con 319 pesos.

La ENDUTIH 2016 revela que los hogares conectados en 2016 sumaron 15.7 millones, 22.6 por ciento respecto a los 12.8 millones del año previo.

Además, en el comparativo se registró un avance de apenas de 2.1 puntos porcentuales de usuarios de internet, que representan el 59.5 por ciento de la población, equivalente a 65.5 millones de suscriptores.

Por otro lado, aunque el proyecto de la Red Compartida debe cumplir con una cobertura de 30 por ciento de la población en marzo de 2018, su plan de conectividad apenas empezó a desplegarse en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, adelantó Fernando Borjón, director general del organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel).

Víctor Pavón Villamayor, presidente de la consultora Oxford Competition Economics, señaló que en el proyecto de esta red hay una clara contradicción entre los objetivos y la estrategia, pues empezar a fortalecer la conectividad en las zonas urbanas, donde ya hay un alto nivel de penetración, postergará la cobertura en las áreas rurales donde es más necesaria.

"Concebir de otra manera el despliegue de la red habría implicado un mayor financiamiento, mayores costos y más tiempo. Sin embargo, eso le va a permitir cumplir con las obligaciones que tiene por ley. Habrá que esperar que en el mediano plazo se dé cobertura de las zonas rurales, que es el objetivo más importante que debe de tener, pero que va a llevar un poco más de tiempo", señaló.

Efrén Páez, analista del sector, expuso que aunque es difícil medir el impacto del rezago de la conectividad en costos, la estrategia de empezar el despliegue por ciudades centrales podría tener el objetivo de acercarse a los operadores y ofrecerles capacidad, de tal suerte que al ser zonas de altos ingresos, les aseguren un flujo de efectivo mínimo para poder seguir incrementando la cobertura de la red, aunque reconoce que aún es pronto para conocer las capacidades de la red.

Agustín Ramírez, abogado especialista en telecomunicaciones del despacho Ouraboros, comentó en tanto que el despliegue se tiene que entender desde la obligación del proyecto, sobre todo si se consideran escenarios como el de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que apenas tienen presencia en el mercado mexicano.

El porcentaje más alto de hogares con internet está liderado por Baja California Sur, Sonora, Baja California, CDMX y Nuevo León, seguidos de Quintana Roo, Tabasco, Jalisco, Yucatán y Tamaulipas.

Para Gabriel Contreras, comisionado presidente del IFT, no hay claridad sobre si las autoridades a nivel local conocen la situación de conectividad en la que se encuentran, por lo que en su opinión, la encuesta sirve para situar a cada entidad en su propia realidad.

Agregó que una de las barreras de entrada a nivel municipal radica en la imposición de cargas u obligaciones a los operadores que quieren desplegar infraestructura, lo que se traduce en un desincentivo de inversión y un revés al acceso.