Señalan ineficacia de política social (Reforma 25/09/18)

Martha Martínez

Cd. de México (25 septiembre 2018).- Sólo tres entidades del País, Jalisco, Ciudad de México y Guanajuato, cuentan con las capacidades institucionales para implementar una política social efectiva e influyente en el combate a la pobreza, indica el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES 2018).

El estudio, elaborado por la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), mide la institucionalidad de los programas sociales a partir de elementos básicos como la transparencia y la calidad de su diseño.

Alfredo Elizondo, coordinador del Índice, afirmó que la calificación promedio de las entidades federativas está en un nivel reprobatorio, toda vez que fue de 58.9 de un máximo de 100.

El especialista advirtió que, de los 28 estados restantes, Coahuila fue excluido debido al conflicto post electoral, 7 se ubican en un nivel intermedio, mientras que 21 están en los niveles bajo y básico, es decir, aplican una política social que no cuenta con los atributos mínimos.

En estas entidades habita el 61.8 por ciento de los mexicanos en condición de pobreza.

Elizondo informó que los estados con el nivel más precario de capacidades para el desarrollo social son Nuevo León, Tlaxcala y Sinaloa, cuyas calificaciones oscilan entre 41 y 43.5.

Para Alejandro González, presidente del Consejo Directivo de Gesoc, el estudio explica de alguna manera por qué el incremento del presupuesto social no ha incidido de manera sustancial en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

"El estudio plantea una paradoja: que, pese a la cantidad de recursos y programas invertidos y el crecimiento de los mismos en los últimos años, los resultados en términos de disminución de brechas de pobreza han sido escasos. De alguna manera, esto se explica por los resultados del propio índice", aseveró.

De acuerdo con el reporte, en 2017 se ejercieron alrededor de 76 mil 956 millones de pesos en mil 370 programas sociales.

González mencionó que los Gobiernos estatales son claves para el desarrollo social.

Ante ello, calificó de grave que en la actualidad sólo el 9 por ciento de los programas locales identifiquen a su población objetivo, y menos del 2 por ciento cuente con evaluaciones de impacto.

"Sigue siendo preocupante que solo 9 por ciento de todos los programas sociales estatales han identificado y cuantificado su población potencialmente beneficiaria, que es clave. Un ejemplo: si un programa se dedica a atender la desnutrición infantil, lo mínimo que puede hacer es definir cómo va a atender la desnutrición infantil y cuántas niñas y niños están bajo ese supuesto", expresó.

En su turno, Javier González, Oficial Nacional de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), dijo que los resultados del IDES 2018 obligan a la reflexión.

"Este trabajo apunta a la pregunta correcta en un momento muy oportuno, y la pregunta es, precisamente, ¿cuál ha sido la eficacia correctiva del gasto social en términos de combate a la pobreza y reducción de desigualdades", expresó.

"Hemos visto un avance muy escueto, muy sencillo en los indicadores de pobreza, apenas un avance en términos de pobreza extrema, pero en términos de porcentuales en relación a la población total del País, prácticamente se ha mantenido".

El representante del PNUD advirtió que esta reflexión es importante de cara al compromiso internacional asumido por México en materia de desarrollo.

"También los índices de desigualdad han venido incrementándose y, sin embargo, los presupuestos se han venido triplicando, cuadruplicando, quintuplicando en el paso del tiempo, eso convoca necesariamente a una reflexión, sobre todo de cara al compromiso en México y de 193 países en términos de cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030", expresó.

González mencionó que el cumplimiento de esa agenda obliga a México a tener programas sociales eficientes.

"Esta es una agenda muy ambiciosa que implica que la calidad de nuestra política social tiene que ser de la tal magnitud que tenemos, no únicamente programas transparentes, que documenten sus procesos, que sean evaluados, sino que sean eficaces, que sean eficientes", afirmó.

Los especialistas coincidieron en que ante el proceso de transición que tiene lugar en diversos estados y a nivel federal, la información del IDES 2018 debe ser tomada como punto de partida para que las nuevas administraciones tomen decisiones en materia social.