Los niños y la pobreza (El Financiero 23/02/09)

Araceli Damián*

Lunes, 23 de febrero de 2009

El discurso oficial y el de la academia normalmente se refieren a los problemas que preocupan a los adultos (situación económica, desempleo, elecciones, etcétera), sin considerar cómo afectan estos fenómenos el bienestar de los niños y las niñas.

Tal actitud responde al hecho de que históricamente los niños han sido considerados apéndices de las familias; sus derechos difícilmente son materia de debate público, y se asume que la familia, y no el Estado, es la responsable de su bienestar.

La discusión sobre los derechos de los niños y quién es el responsable de su bienestar cobra fundamental importancia en tiempos de crisis como el actual.

El autor encuentra que los análisis teóricos sobre justicia social ignoran la existencia misma de los menores. Se remonta a los griegos y nos dice que el asesinato de los recién nacidos era permitido en todos los Estados de Grecia y en momentos en que los padres no podían mantenerlos era permitido abandonarlos a la inanición o a las bestias salvajes.

Aristóteles llegó a afirmar que esta práctica debería ser promovida por los magistrados, y Platón, a pesar de su amor por el ser humano, nunca desaprobó esos actos.

El trabajo de Gordon tiene como objetivo analizar críticamente la política británica en torno a los niños, la cual supuestamente se desarrolló con base en la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas (UNCRC, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 1990.

Los principios fundamentales de la UNCRC son: el derecho a la vida, a la sobrevivencia y al desarrollo; la no discriminación; la promoción del interés superior de los niños; el respeto a sus puntos de vista, y el derecho a un nivel de vida y seguridad social adecuados.

En el caso de la Gran Bretaña, la política social del Nuevo Partido Laborista busca alcanzar una justicia distributiva basada en los méritos de adultos y en las necesidades de los niños. Sin embargo, Gordon asegura que la ayuda a los menores no es incondicional, pues quienes logran mejores notas escolares reciben recursos adicionales.

Por otra parte plantea que la política británica en torno a los niños es dual, ya que se les mira como víctimas pero también como un peligro para la sociedad. Así su política de justicia distributiva, basada en las necesidades, va de la mano con la del incremento en la legislación diseñada para reducir el "peligro" que representan los niños (toques de queda para los menores, por ejemplo).

De igual forma, los menores de edad son el único grupo de la población al que está legalmente permitido golpear, y tanto oficiales de cárceles como maestros pueden gritarles. En nuestro país no existe una política redistributiva que busque mejorar el bienestar de los niños, pero sí se han endurecido las medidas contra los menores.

Para Gordon, si bien la Convención sobre los Derechos de los Niños no plantea de manera explícita que tengan el derecho a vivir sin pobreza, al establecer que tienen derecho a un nivel de vida adecuado, permite que la discusión sobre las causas de la pobreza se salga del discurso de que ésta es el resultado de fallas de los individuos (como plantean los economistas neoclásicos) y la contextualiza en las fallas a nivel macroeconómico y de las políticas que los Estados aplican para erradicarlas.

Es interesante analizar estas experiencias de otros países, ya que en México no existe una política dirigida a erradicar la pobreza de los niños, aun cuando son ellos los más afectados por la pobreza.

De esta forma tenemos que en 2006 la población de cero a 18 años de edad representaba 39.5 por ciento de la población nacional, pero los niños pobres eran 44.8 por ciento del total de pobres, y los niños indigentes 51.1 por ciento del total nacional de indigentes, de acuerdo con los cálculos del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP).

De igual forma, en México tenemos que la pobreza afectaba a 70.9 por ciento de las personas si consideramos a toda la población, pero cuando sólo miramos a los menores de hasta 18 años de edad, ésta alcanzaba 80.6 frente al 64.5 por ciento entre la población de 19 años y más (ver cuadro anexo).

Asumir seriamente la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas en México implicaría grandes transformaciones, que en las actuales condiciones políticas son impensables.

Gordon resalta que todos los países del mundo, excepto Somalia y Estados Unidos, han ratificado esta Convención. Y si bien es vergonzante que EU no la haya ratificado, que México lo haya hecho no ha significado un cambio para los menores de edad, como muestran los datos aquí presentados.